Control de la votación ilegal

Poder votar es uno de los privilegios y derechos de la ciudadanía estadounidense. Tanto los ciudadanos naturalizados como aquellos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento pueden votar en las elecciones para dar forma al Gobierno. Para participar en la conformación de las leyes del país, los residentes deben atravesar el proceso de la ciudadanía. Sin embargo, al secretario de Estado de Colorado le preocupa que algunos no ciudadanos hayan estado emitiendo votos.

Scott Gessler, secretario de Estado de Colorado, enfrenta la votación ilegal y dice que es un problema en muchos estados, pero que pocos toman medidas concretas contra este asunto. Según Gessler y otros legisladores, algunos no ciudadanos se registran para votar. Según la oficina del secretario de Estado de Colorado, aproximadamente 4.500 votantes registrados en Colorado no serían ciudadanos estadounidenses. Alrededor de 2.000 de esos votantes votaron en las elecciones de 2010.

Algunos legisladores han solicitado a Gessler que nombre a los votantes registrados que él considera que no califican para votar, pero Gessler ha evitado hacerlo hasta que su oficina pueda determinar qué personas de la lista son y no son ciudadanos estadounidenses. Declaró que no desea acusar a nadie hasta que tenga más información sobre alguna persona que haya votado de manera ilegal.

Gessler solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que lo ayude a determinar qué personas de la lista son ciudadanos naturalizados. En muchos casos, los nombres aparecieron en una licencia de conducir de Colorado, donde se identificaron como pertenecientes a no ciudadanos. Sin embargo, los mismos nombres aparecieron más tarde en la lista de registro de votantes. Gessler ha admitido que algunas de las personas de la lista simplemente pueden haberse convertido en ciudadanos antes de las elecciones de 2010, lo que los convertía en elegibles para votar, pero pueden no haber cambiado aún su condición en la licencia de conducir.

Gessler afirmó que ha procurado la asistencia del fiscal general John Suthers y de abogados. Basándose en esta asistencia, decidió no divulgar los nombres en cuestión a los secretarios de los condados.

En 2011, Gessler introdujo una legislación que habría permitido a un secretario de Estado cuestionar la ciudadanía de los votantes. La ley fue rechazada en el Senado. Gessler declaró que le ha llevado tiempo obtener asistencia de parte del Departamento de Seguridad Nacional con respecto a este tema, lo que ha sido frustrante, dijo.